domingo, 4 de septiembre de 2011

NO SE CUMPLIÓ CON PRESENTAR INFORMES DEL APORTE MINERO







BALANCE TRAS CUATRO AÑOS DE EXISTENCIA
Solo Antamina ha reportado estudio de evaluación de impacto social.
Apenas se ejecutó el 52% de los 2.232 millones de soles aportados

Por: Iana Málaga
Domingo 4 de Setiembre del 2011
La mayoría de peruanos ha visto con buenos ojos el acuerdo que hace pocos días logró el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, con los empresarios mineros para que estos se comprometan a pagar anualmente un gravamen de S/.3.000 millones en proyectos destinados a cooperar con la inclusión social.

No es la primera vez que se pide al sector minero un aporte que va más allá del canon. En el 2007, luego de una ardua negociación entre el entonces presidente Alan García y los ejecutivos de 40 empresas mineras, se creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), conocido como ‘aporte voluntario’, por el cual las empresas se comprometieron a contribuir con el 3,75% de sus utilidades netas al año en proyectos de educación, salud, lucha contra la desnutrición e infraestructura.

¿Pero qué tan efectiva fue la creación de este mecanismo para impulsar el desarrollo social? Según el informe de transparencia elaborado por el grupo Propuesta Ciudadana (consorcio de once instituciones que trabajan para la promoción del desarrollo regional), en los cuatro años de vigencia del PMSP solo se ejecutó el 52% de los S/.2.232 millones que hasta hoy se han recaudado con este fondo. Y lo peor es que no se puede determinar al detalle cuál fue el destino del 48% restante porque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no exigió a las mineras que se le informara.

Epifanio Baca, responsable del programa de vigilancia de Propuesta Ciudadana, asegura que el mencionado estudio se sustenta en las distintas evaluaciones técnicas que en los últimos años ha realizado el MEM para monitorear el PMSP. “Todo indica que el desempeño de las mineras en la ejecución de proyectos fue desigual”, asegura Baca.

El estudio revela que si bien el 38,4% de lo aportado por las mineras al PMSP se gastó en proyectos para bajar la desnutrición y elevar los niveles de educación y salud en las zonas de influencia minera, hay empresas como Antamina y Barrick cuyos niveles de ejecución de sus aportes llegan a 70% y 68%, respectivamente. “Sin embargo, Southern Perú y Cerro Verde en Arequipa estuvieron bastante atrasadas y solo lograron ejecutar el 30% y 16% respectivamente de los recursos”, afirma Baca.

SE SEMBRÓ UNA SEMILLA
César Humberto Cabrera, director de Yanacocha, considera que lo bueno del PMSP es que este permitió crear mecanismos de participación entre la minería, los gobiernos regionales y locales, las ONG y la ciudadanía para decidir en conjunto qué proyectos eran los que más requería determinada población. “Se trata de un modelo donde se combina el poder de decisión de la autoridad pública con la agilidad de ejecución del sector privado”, indica Cabrera, quien espera que la gestión actual no corte de golpe este modelo para seguir avanzando sobre lo sembrado.

José Luis López, impulsor del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, añade que el PMSP se hizo con el propósito de que los gobiernos regionales no fueran los encargados de utilizar ese dinero. “Eso permitió a los ejecutivos mineros monitorear el gasto que destinaron para impulsar el desarrollo de su zona de influencia”, dice. La mejor experiencia fue la de Antamina, que se asoció con ONG como Care, Prisma y Adra que tenían experiencia en proyectos de desarrollo.

¿Y LA TRASPARENCIA?
Según el informe de Propuesta Ciudadana, hasta marzo del 2011 solo Antamina había presentado al MEM un estudio de evaluación de impacto donde se detallan todos los impactos sociales logrados en Áncash con los fondos destinados al PMSP. “Solo Antamina y Yanacocha se han dado el trabajo de publicar sus estudios de evaluación en sus respectivas páginas web”, agrega Baca. Eso ha permitido conocer que en la pasada gestión, tanto en Áncash y Cajamarca (zonas de intervención de estas gigantes mineras), la desnutrición crónica infantil se redujo 2% cada año.

Muy distinto fue el caso de las mineras Santa Rosa, San Simón, San Ignacio de Morococha, Caudalosa y Compañía Minera Castrovirreyna que, según la evaluación de Propuesta Ciudadana, sistemáticamente han incumplido con presentar informes técnicos sobre los fondos que destinaron al PMSP. “No soy quien para hablar sobre la gestión de otras empresas. Le corresponde a cada minera exponer qué hizo con los recursos destinados al aporte voluntario; pero en general, creo que la aplicación de este modelo fue positivo”, dice al respecto Cabrera.

En todo caso, César Peñaranda, director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, sugiere que para que no se cometa el mismo error, el MEM debe ser más duro al exigir a las mineras cuentas periódicas sobre cómo canalizan los recursos destinados a elevar el capital humano o mejorar la infraestructura de su zona de operaciones.

Fuente: EL COMERCIO