lunes, 29 de agosto de 2011

PEDRADA EN OJO TUERTO

PUNTO DE VISTA

Por: Maki Miró Quesada
Lunes 29 de Agosto del 2011

Los viajes no mejoran la cultura de los perros ni de los bebés, en cambio el adulto observador puede aprender un par de cosas. Entre las cosas que se observan nomás dejar el país es que la aviación comercial en el siglo XIX es un tema complicadísimo y carísimo donde los pocos que van quedando tienen enormes recursos y han realizado alianzas estratégicas entre gigantes para sobrevivir. Allí no caben la improvisación y el amateurismo. La aviación comercial actual necesita de grandes inversiones, grandes mercados y un rigor extremo en los costos: las cifras operacionales son vertiginosas y los márgenes muy estrechos. Se trata de un negocio donde compiten la imaginación y el estricto cumplimiento de normas económicas y técnicas, que vende sueños al pasajero pero a la vez garantiza su seguridad.

Para ver lo que está en juego basta revisar la última compra de American Airlines: 260 Airbus 320 y 200 Boeing 737 última generación, por un total de 38 mil millones de dólares. Quantas compra 110 Airbus para cubrir las rentables rutas del Asia-Pacífico donde se generan 1,2 mil millones dólares de los 4 mil millones de ganancia mundial. Por eso extraña y escandaliza que en un país con áreas azotadas por una pobreza inaceptable, como Huancavelica, lo que llevó a la esposa del Presidente a visitar la zona en días pasados, se hable con ligereza ‘de una línea aérea de bandera nacional’. Y se declare como objetivo nacional ver ‘la bandera peruana pintada en las colas de los aviones aterrizando en todos los aeropuertos del mundo’. No es posible tanto desconocimiento y tanta frivolidad. Con la urgencia puesta en los temas de vivienda, salud y educación el Perú necesita una línea de bandera como necesita una pedrada en ojo tuerto. (Las rutas nacionales e internacionales están actualmente bien cubiertas, con pasaje barato y manejo eficiente y seguro como se vio cuando la mayor aerolínea local pudo absorber 95% de los pasajeros dejados en tierra por Peruvian Airlines).

En el pasado todas las líneas aéreas de bandera o se han caído o han quebrado o ambas cosas; tradicionalmente han servido para tres fines: lavar dinero, meterse jugosas comisiones al bolsillo o viajar gratis. De prosperar el último intento de reflotar esta idea desubicada, promovida por el congresista Yonhy Lescano, bajo el nombre de ‘Sol de los Inkas- Aerolíneas Peruanas’ –impronunciable en casi todos los idiomas pero sobre todo en inglés la lingua franca de la aviación, en cambio sí un buen nombre para una empresa de ómnibus interprovincial en la ruta Cañete-Lunahuaná– la aventura costará entre 500 y mil millones de dólares de la plata, no del congresista, sino de todos los peruanos, rogando que no cueste algunas vidas también.

Fuente: EL COMERCIO

IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PUEBLOS INDIGENAS ES EL RETO


ESPECIAL. LEY DE CONSULTA: TAREAS PENDIENTES
Comunidades campesinas dicen que la ley aprobada el pasado martes en el Congreso también aplica para ellos. Según Perú-Petro, lotes ya adjudicados tendrán que asumir el compromiso

Por: Nelly Luna Amancio
Lunes 29 de Agosto del 2011

La ley de consulta previa aprobada por unanimidad por el actual Congreso –como si con ello se lograra redimir las culpas– es el mismo documento consensuado que el gobierno de Alan García se negó a promulgar. Lo que sigue ahora es la elaboración de la base de datos oficial sobre pueblos indígenas (se estiman en 6.000 las comunidades campesinas y en 1.550 las comunidades nativas de la selva) y la discusión del reglamento que, como los expertos señalan, no deberá dejar espacio a las dudas. Aquí algunas de las principales interrogantes que el reglamente deberá responder.

1. ¿Qué poblaciones son consideradas pueblos indígenas u originarios?
El Convenio 169 es claro. Los pueblos indígenas se diferencian de otros porque tienen derechos colectivos, descienden directamente de poblaciones originarias, comparten el mismo idioma, su identidad cultural y espiritual está vinculada al territorio que tradicionalmente usan, tienen modos de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional, mantienen su forma de organización y, sobre todo, se reconocen como pueblos indígenas.

2. ¿Se cuenta con un registro de cuáles son las comunidades indígenas?
No. El año pasado, el entonces Indepa identificó cuántas familias lingüísticas y grupos étnicos había, pero no a las poblaciones. El Gobierno, entonces, no conoce a la fecha quiénes y cuántos son los pueblos indígenas en el Perú. La ley de consulta aprobada por el Congreso obliga al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura –órgano técnico competente– a elaborar esta base de datos en los próximos meses. “Se sabe qué grupos étnicos existen, pero no se los ha identificado comunidad por comunidad”, dice Hernán Coronado, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap). El censo que el INEI realizó en el 2007 sobre poblaciones indígenas ha sido cuestionado porque tomó como única variable el idioma materno.

3. ¿Las comunidades campesinas son pueblos indígenas?
No necesariamente. “Las comunidades campesinas son las que más han pasado por un proceso de mestizaje, el reto será identificar quiénes todavía conservan sus tradiciones ancestrales, que creo serán pocas”, advierte Iván Lanegra, adjunto para temas ambientales de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, Jorge Prado, presidente de la Confederación Campesina del Perú, sostiene que la ley de consulta sí aplica para la mayoría de comunidades campesinas del país. Mientras que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), Pedro Martínez, señala que él entiende que “la ley es solo para los pueblos amazónicos”.

Este, sin duda, será uno de los temas de discusión más intensos. Hernán Coronado dice que se requerirá de una “amplia capacidad técnica por parte de antropólogos, historiadores, abogados y sociólogos”. El representante de la SNMP ha sugerido la formación de un consejo de ilustres que ayude a identificar realmente a los pueblos indígenas.

4. ¿Qué se consultará?
Todas las medidas administrativas (contratos mineros, petroleros, forestales, de centrales hidroeléctricas, etc.) o legales (modificaciones legislativas, normas locales o regionales, o de los diferentes sectores del Ejecutivo, etc.) que afecten las comunidades. La consulta, según el convenio, se realizará incluso antes de la entrega en concesión de un determinado proyecto de inversión.

5. ¿Quién elaborará el o los reglamentos?
Los expertos consultados sostienen que el Viceministerio de Interculturalidad deberá convocar a una comisión multisectorial (integrada por las organizaciones indígenas) para discutir y elaborar el reglamento que detalle qué se consultará, así como los procedimientos, plazos, protocolos, tiempos e integrantes de los procesos de diálogo. “Además, cada sector tendrá que desarrollar un reglamento interno”, dice Lanegra. Y el representante de la SNMP anota: “El reglamento no tiene que dejar dudas ni segundas interpretaciones”.

6. ¿Quién dirige la consulta?
Para el representante de la Defensoría del Pueblo, el Viceministerio de Interculturalidad debe encabezar los procesos de consulta. Sin embargo, Pedro Martínez, de la SNMP, cree que aquel no cuenta con la capacidad técnica necesaria y que lo mejor sería que los sectores competentes realizaran las consultas. Cuando se trate de la concesión de algún lote de hidrocarburos, por ejemplo, Aurelio Ochoa, presidente de Perú-Petro, señala que son ellos los que podrían dirigir el proceso. Nada está dicho y este tema también será definido en el reglamento.

7. ¿Quiénes integran la mesa de diálogo?
Solo el Estado y los representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas debidamente registradas en la base de datos oficial. “Ni las empresas, ni las ONG deben participar en los procesos de consulta, los pueblos indígenas deben tomar sus propias decisiones”, coinciden Hernán Coronado, del Caaap, y Pedro Martínez, de la SNMP. El objetivo de la consulta es incorporar la mirada intercultural y promover que los mismos pueblos indígenas definan sus prioridades de desarrollo.

8. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas?
No hay derecho a veto. La comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado claramente que la consulta no puede interpretarse como un derecho al veto. Precisa que si tras el diálogo no se alcanza un consenso, le corresponderá al Gobierno tomar la decisión final. El único veto que establecen el Convenio 169 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es al desplazamiento forzoso.

9. ¿Qué ocurrirá con los procesos de concesión que están en marcha?
Aurelio Ochoa explicó que hasta la fecha hay 5 lotes petroleros adjudicados cuyos contratos fueron formalizados con sus respectivos decretos supremos por el gobierno anterior. “Con ellos se iniciará un proceso de diálogo para que suscriban un compromiso y cumplan con la ley de consulta”, puntualizó. Explicó que hay otros 9 lotes que ya han sido adjudicados, pero que aún les falta el decreto supremo que formalice la suscripción del contrato. “En estos casos se firmará una adenda, que permita también respetar la ley de consulta. Se está programando, además, el lanzamiento de otros 25 lotes, para todos ellos el modelo de contrato sí tendrá que variar”, aclaró.

10. ¿El Viceministerio de Interculturalidad tiene capacidad técnica para llevar adelante este proceso?
El Gobierno deberá otorgarle mayor presupuesto a este viceministerio. La tarea inmediata debería ser fortalecerlo y otorgarle una partida presupuestal que le permita, por lo pronto, iniciar el registro de los pueblos indígenas en el Perú.


Fuente: EL COMERCIO

viernes, 26 de agosto de 2011

PROYECTO MINERO CONGA - CAJAMARCA


CAJAMARCA. ENTRE LA INVERSIÓN MILLONARIA Y EL MEDIO AMBIENTE
Proyecto minero Conga planea represar el agua de cuatro lagunas
Opositores afirman que se dañará el ecosistema del área de influencia

Por: Alfredo Salvador Corresponsal
Viernes 26 de Agosto del 2011

A fines de julio, las empresas Newmont y Buenaventura anunciaron que invertirían 4.800 millones de dólares en el proyecto minero Conga, ubicado en Cajamarca en los distritos de Sorochuco, Huasmín, en la provincia de Celendín, y La Encañada, en la provincia de Cajamarca. Aunque el proyecto cuenta con su estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, existe la oposición de algunas organizaciones cajamarquinas que solicitan la cancelación del mismo.

La controversia surge por el riesgo de afectar unas 20 lagunas en el área de influencia del proyecto. En el EIA se contempla, además, el trasvase del agua de cuatro de estas lagunas a una serie de reservorios.

CUANTIOSA INVERSIÓN
Según cálculos de Yanacocha, durante el período de vida de la mina se generarán alrededor de US$630 millones de regalías, US$2.297 millones de Impuesto a la Renta y US$1.149 millones de canon. Además se crearían 5 mil nuevos puestos de trabajo para las localidades vecinas.

Hílmer Chávez Atalaya, presidente del comité de desarrollo comunal del caserío Agua Blanca, considera que la mina es una gran oportunidad. “Hemos recibido capacitaciones y tenemos empleo para nuestra gente”, señaló. Esta postura es compartida por varios líderes comunales del área de influencia de Conga, pero no necesariamente por los pobladores y frentes de defensa de recursos naturales de Celendín, ubicada a tres horas de la mina. La Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) liderada por Milton Sánchez aclara que: “Conga compromete el recurso hídrico de la provincia, ya que según su estudio de impacto ambiental, las lagunas Perol, Chica, Azul y Mala serán destruidas, y otras veinte podrán verse afectadas”.

LAGUNAS VS. RESERVORIOS
Para el ex gerente regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente de Cajamarca, Sergio Sánchez Ibáñez, el denominado trasvase de las lagunas a reservorios es perjudicial desde el punto de vista ambiental, pues, “no es posible sustituir o repetir un ecosistema como ese”. Por su parte, Mirtha Vásquez de la ONG Grufides opina que los especialistas de Conga no han considerado las complejas redes subterráneas que alimentan las lagunas. “Mantener una represa es sumamente caro. Una vez que se vaya la minera, quién se hará cargo de refaccionar las represas”, advierte.

Darío Zegarra, gerente de Responsabilidad Social de Conga, señaló que las represas permitirán aprovechar mejor el agua. “Ahora, en época de sequía, hay muchas personas del área de influencia que simplemente no pueden regar. Nosotros cambiaremos esa situación con las represas”, explica el funcionario de Conga.

El presidente regional, Gregorio Santos, advirtió a principios de agosto la necesidad de revisar el estudio de impacto ambiental de la mina. En tanto, César Aliaga, vicepresidente del gobierno regional, señaló que evalúan dicho documento para determinar si la mina contamina el ambiente. “En un par de semanas adoptaremos una postura definitiva”, sentenció.

MÁS DATOS
Los conflictos sociales más comunes entre la empresa y la población residente en el área de influencia del proyecto son por empleo y tierras.

De los 11 caseríos que forman parte del área de influencia directa del proyecto Conga, 10 están de acuerdo con la construcción de la mina.

La laguna El Perol desaparecerá porque de debajo de ella se extraerá el mineral.

La audiencia pública convocada por Yanacocha para debatir el estudio de impacto ambiental convocó a 4 mil personas.

Fuente: EL COMERCIO

PUCP ALERTÓ SOBRE CAMBIOS PENDIENTES

ANTECEDENTES
“Estamos en condiciones de preparar las modificaciones estatutarias”, dijeron

Viernes 26 de Agosto del 2011

Si bien la Universidad Católica presentó en el 2009 sus estatutos al Vaticano para que estos sean aprobados, ya en el 2007, el entonces rector Luis Guzmán Barrón Sobrevilla dio cuenta al cardenal Juan Luis Cipriani de un viaje a Roma, donde visitó al cardenal Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y le recordó la reforma estatutaria pendiente.

El rector le remite esta información al cardenal Cipriani debido a su condición de gran canciller de la PUCP.

Según la comunicación dirigida por Guzmán Barrón al arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, la PUCP mostraba su disposición para reformar sus estatutos.

“Durante la mencionada entrevista tuvimos ocasión de conversar sobre la reforma estatutaria pendiente. Por los comentarios y sugerencias que recibimos al respecto, consideramos que estamos en condiciones de preparar las modificaciones estatutarias pendientes”, dice la carta con fecha del 12 de marzo del 2007.

“Valgan estas líneas para reiterarle nuestra mayor disposición a retomar esta labor, así como nuestra esperanza de que el estatuto de la universidad esté pronto en condiciones de merecer la aprobación de la Sagrada Congregación para la Educación Católica”, remata la misiva.

Estos estatutos aún no han sido aprobados, pues el Vaticano plantea una serie de modificaciones que la universidad aún no incorpora.

Fuente: EL COMERCIO

LA GRAN AMBICIÓN

Por: Jaime De Althaus Guarderas
Viernes 26 de Agosto del 2011

El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, ha anunciado un conjunto muy ambicioso de metas sociales, obras y servicios, cuya realización supondrá una capacidad de gestión que hoy no existe y una tasa de crecimiento de la economía probablemente superior al 6% anual que se plantea.

En relación a lo primero, es interesante que haya planteado pasar el 100% del presupuesto a la metodología del presupuesto por resultados, aunque eso mismo supondría también una elevación considerable de la capacidad tecnocrática del Gobierno, que podría empezar a conseguirse con la subida del tope salarial a los altos funcionarios, lo que no fue mencionado en el mensaje. Pero la implantación de esa metodología sería, de por sí, un avance importante en la conquista de un Estado moderno y racional. También se anuncia un Estado móvil en las áreas rurales, una idea sugerente.

El ‘gravamen’ adicional de 3 mil millones por año que se aplicará a la minería convertirá a esta en algo más cara tributariamente que la chilena, pero al parecer los mineros se habrían comprometido a seguir adelante con sus proyectos, que sumarían –dijo el primer ministro– US$30 mil millones de inversión en el quinquenio. De ser así, no será difícil superar el 6% de crecimiento anual de la economía. Pero que esa inversión se concrete dependerá, además, de cómo se reglamente la Ley de Consulta Previa, que, tal como está, podría frenar la inversión.

Le resta energías al sistema, además, que el Estado se asocie para una línea aérea de bandera o que Petro-Perú incursione en una serie de actividades productivas y en la comercialización de GLP, y Electro-Perú participe en las hidroeléctricas y Enapu se relance, etc. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene si no es el de abrir puestos de trabajo para los amigos del Gobierno, con el riesgo de enorme ineficiencia y corrupción? ¿O darle más poder al gobernante para controlarlo todo? Nada de esto estaba en la hoja de ruta. Allí donde ingresan empresas del Estado se aleja la inversión privada –salvo la parasitaria–, temerosa de cambios en las reglas o de favoritismos para la empresa estatal. Fomentar la expansión estatista no es otra cosa que generar huecos negros en la economía.

De otro lado, ¿tiene sentido anunciar un plan de formalización del aparato productivo y al mismo tiempo dar una ley general del trabajo, que, como sabemos perfectamente, recoge la realidad de privilegio de las oligarquías laborales de la gran empresa y consolida la exclusión de los informales? Una ley que impediría, además, la flexibilidad necesaria para facilitar el logro de la importante meta de triplicar las exportaciones no tradicionales.

Como siempre, la ideología y los intereses creados socavando el progreso y la propia inclusión social.


Fuente: EL COMERCIO

jueves, 25 de agosto de 2011

ADIÓS BRUSELAS, ADIÓS UNIÓN EUROPEA

Por: Erik Struyf Palacios Corresponsal
Jueves 25 de Agosto del 2011

Al llegar a Bruselas, hace diez años, encontré una ciudad convencida de que podría codearse en un plazo corto con Washington, el epicentro político del mundo. Eran los tiempos de la Constitución común, el 3% del PBI dedicado a I+D (investigación y desarrollo), la ampliación hacia el este y a Turquía, una política exterior única y quizás un solo ejército. Esos eran los planes. Con varios colosos emergentes respirándole en la nuca, la UE parecía haber comprendido que debía crecer e integrarse más y mejor para seguir contando en el siglo XXI. Y Bruselas reflejaba este estado de ánimo con sus 1.500 corresponsales acreditados, 50 mil funcionarios extranjeros, 20 mil lobbistas y miles de metros cuadrados en proyectos inmobiliarios para acoger a los recién llegados.

Apenas una década más tarde, de esta Europa ambiciosa y visionaria no queda ni la sombra. Hoy el Viejo Continente se ha vuelto sinónimo de crisis y bancarrota. “La UE y el euro están al borde del precipicio”, declaró la semana pasada nada menos que Jacques Delors, gran impulsor de la moneda única, en contradicción con quienes se empecinan en sostener que la crisis es pasajera y que la situación está bajo control.

Los politólogos barajan diversas pistas a la hora de diagnosticar el mal profundo que aqueja al bloque: un poder demasiado fragmentado, la ausencia de un sentimiento nacional europeo (obstáculo para una mayor integración), una nueva fase del capitalismo con nuevos polos de desarrollo, el despilfarro institucionalizado en la mayoría de sus países… Ante la crisis financiera, impotentes o pusilánimes, los líderes europeos se han limitado a dictar severísimos planes de austeridad para sanear las cuentas públicas. No pocos economistas advierten que estas medidas conducirán al continente a la recesión.

Cuesta creerlo, pero los analistas también vaticinan que la UE está condenada a la irrelevancia en el escenario mundial. En el horizonte del 2030 será menos próspera (18% del PBI mundial contra 23% actuales), más canosa (un cuarto de su población pasará los 65 años) y menos innovadora (ya en el 2009 China la superó en número de científicos).

En vísperas de partir de Bruselas, y pese a los planes de austeridad, no pierdo la esperanza de que el Viejo Continente siga aspirando a la inclusión social, esforzándose por proteger a los más vulnerables (ancianos, inválidos, minorías) y promoviendo el arte y la cultura, aunque no sea más un actor global ni una potencia económica de primer orden. A la distancia, seguiré observándolos con curiosidad y simpatía.

Fuente: EL COMERCIO

sábado, 20 de agosto de 2011

LA EXPLICACIÓN QUE NOS DEBEN

Por: Hugo Guerra
Sábado 20 de Agosto del 2011

La repentina suspensión de la erradicación de los cultivos ilegales de coca debe evaluarse con muchísimo cuidado por su trascendencia política, económica y de seguridad.

No puede soslayarse que el anuncio fue desconcertante porque en su mensaje inaugural el presidente Humala había asegurado que la lucha contra el narcotráfico sería frontal. Además, fue muy imprecisa la declaración del ministro del Interior, Óscar Valdés, respecto a que “estamos coordinando cómo se van a reorientar los esfuerzos…”.

Pero, ¿es posible reducir sin erradicar? Veamos: Hasta la década de 1960 entre 12 mil y 16 mil hectáreas del territorio nacional se destinaban al cultivo de la coca. A inicios de los años 70, la extensión creció enormemente, coincidiendo con el inicio del ‘boom’ de la coca. Entre las décadas de 1980 y 1990 la tendencia se acentuó y, hacia el 2000, según la ONUDD, hubo en el Perú 43.400 hectáreas de coca cultivada.

Pese a los esfuerzos desplegados, el problema siguió incrementándose y el 2004 se registraron 50.300 hectáreas cocaleras. Desde entonces, apenas 1% de la cosecha es dedicada a usos industriales y médicos, 18% al uso tradicional y el resto a la fabricación de droga ilegal.

La velocidad del fenómeno es exponencial: solo entre 1999 y 2008 el cultivo de coca se incrementó en 45% pasando de 38.700 a 56.100 hectáreas. En el mismo período, la fabricación de cocaína subió en 72,6%, de 175 a 302 toneladas. Por otra parte, los cultivos cocaleros crecieron en el 2010 por quinto año consecutivo y superaron los de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Respecto a los insumos químicos, prácticamente no existen controles. Asimismo, se calcula que en el Perú 50 mil familias viven de los cultivos ilícitos, mientras que los narcotraficantes pagan por el kilo de hoja entre US$ 2,50 en el VRAE y US$3,50 en el Huallaga.

Por esto los organismos especializados califican al Perú como narcopaís, terrible etiqueta que se sustenta, también, en que por lo menos 13 regiones están involucradas en el fenómeno de la droga. Además, los cultivos de coca se distribuyen en 14 grandes cuencas y ocho subcuencas menores.

Por lo demás, un 70% de droga producida en el Perú sale de manera ilegal por vía marítima con destino a México, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, mientras las agrupaciones cocaleras peruanas se han vuelto más violentas y organizadas.

Frente a este drama, el Estado había optado hasta ahora por una política prohibicionista y represiva, pero con graves deficiencias como enviar las tropas al VRAE sin darles respaldo suficiente. Tampoco ha tenido éxito (salvo excepciones) para alentar cultivos alternativos y ha sido incapaz de cortar la siniestra alianza narcoterrorista. Asimismo, mientras hace una década se incautaba 75% de pasta básica y de cocaína el 25%, hoy en día los porcentajes se han invertido.

Las entidades oficiales a cargo de la lucha contra el narcotráfico, desde Devida y Ofecod hasta la Dirandro, exhiben resultados interesantes pero magros, como haber erradicado unas diez mil hectáreas el 2009, lo cual es insuficiente frente al enorme volumen del tráfico ilícito y el flujo dinerario que mueven los cárteles extranjeros, especialmente de origen mexicano.

La militarización de la lucha y la criminalización de los movimientos populares que se vinculan a cultivos que financian las mafias ha generado otros problemas graves: el fortalecimiento de la subversión, una corrupción enorme en los aparatos represivos y fuertes tensiones sociales. Todo lo cual puede afectar la gobernabilidad del país, como ocurre en algunos estados mexicanos. Por eso una importante corriente política latinoamericana está revisando las estrategias bajo la premisa que Mario Vargas Llosa resumió al decir: “No se declaran guerras que no se pueden ganar”.

Claramente, el gobierno humalista no parece dispuesto a seguir las políticas que el Estado Peruano alentó prácticamente desde 1921, cuando se promulgó la primera legislación especializada. Sin embargo, ¿sus técnicos sabrán qué hacer para frenar un problema que la cooperación internacional, sobre todo estadounidense, ha venido paliando?

En la campaña electoral el tema de la lucha contra el narcotráfico no fue bien abordado por ningún partido. Y hoy la decisión presidencial nos devuelve al plano de la incertidumbre. Por eso no puede saberse si la suspensión de la erradicación será buena o mala. Así, de momento apenas habría que repetir lo dicho por la embajadora estadounidense en Lima, Rose Likins: “Es natural que un nuevo Gobierno quiera revisar este tipo de programas […] esperamos una explicación”.

Fuente: EL COMERCIO

COCAÍNA Y PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD

VICIO QUE DEGRADA LA AMAZONÍA

Por: Martha Meier M Q
Sábado 20 de Agosto del 2011

Hace más de cinco mil años el hombre andino ya chacchaba coca, usaba la hoja para curar ciertos males, adivinar el futuro y ofrendarla a sus muertos. Hoy en el siglo XXI la hoja –procesada para cocaína– es un problema moral y ecológico. Cada gramo de cocaína producido en nuestra Amazonía genera cerca de 650 kilos de basura y contamina cerca de doscientos litros de agua. Miles de hectáreas han sido deforestadas –con la consecuente pérdida de biodiversidad– para cultivar la “hoja sagrada de los incas” y en otras tantas hectáreas las pozas de maceración y laboratorios, contaminan suelos y fuentes de agua.

Este tema no le quitará el sueño al flamante viceministro del Ambiente, el ‘cocólogo’ (para todo hay especialidad) Hugo Cabieses, un activo narcolegalizador. “Yo no estoy de acuerdo con el tipo de campañas que dicen ‘A la droga dile no’, pues solo incrementan el número de usuarios”, dijo en entrevista con “Perú.21”, en febrero del 2006. Ya en el 2003 en el boletín “NarcoNews”, nuestro flamante viceministro de Ambiente era presentado como uno de los impulsores de la legalización de drogas en el Perú y acusaba al Gobierno de Estados Unidos de impedir un debate sobre el tema. El señor está enfocado en algo que nada tiene que ver con proteger nuestra selva de la expansión cocalera.

Sumemos a este inexplicable viceministro del Ambiente la súbita suspensión de la erradicación de cocales en la Amazonía decidida por el gobierno y el nombramiento de Ricardo Soberón –un defensor de cocales, cocaleros y promotor de la legalización– como cabeza de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Devida (vaya chiste cruel), para comprender que no queda mucho lugar para la esperanza.

El panorama se pinta complicado como para que se tomen en cuenta los estragos ecológicos generados por la lacra de la producción o se prioricen el apoyo a la agricultura, la revalorización de los cultivos nativos y la sustitución para reducir el ámbito de la hoja. El señor presidente Ollanta Humala prometió el 28 de julio “peruanizar” (?) la lucha contra las drogas. Da la impresión, sin embargo, de que se ha empezado a imponer la agenda del especulador financiero y narcopromotor George Soros, mecenas de varias ONG locales y claro, cómo no, de proyectos a los que han estado vinculados Cabieses y Soberón. Pero pasemos a la pureza robada por la cocaína en los ecosistemas donde la producen.

Tumbar o quemar bosques para sembrar arbustos de coca dispara, a mediano plazo, un proceso de desertización que se traduce en afloramiento del subsuelo selvático, de la llamada “roca madre”, cuya reconversión en tierra apta para la agricultura puede tardar cerca de dos siglos.

En las últimas décadas han sido las mujeres rurales, campesinas e indígenas –por supuesto que no la nacionalista Nancy Obregón– las que han revelado cómo la funesta actividad destruye el ambiente y afecta la salud.

Los ríos de las zonas cocaleras están contaminados por químicos que van desde el kerosene hasta la acetona pasando por el cloro y el ácido sulfúrico entre otros, sin dejar de lado miles de toneladas de cal viva. Cientos de kilos de papel higiénico –utilizado como filtrante– pueden verse flotar en los cursos de agua. La basura de la droga degrada el ambiente y afecta a la población: recoger agua del río, bañarse o lavar la ropa pueden generar intoxicaciones y llagas en la piel. Cada vez, además, hay menos peces para alimentarse, menos aves silvestres.

Ecosistemas de gran valor se pierden así por el delito de unos, el vicio de otros y la dejadez e intereses subalternos de algunas autoridades. ¡A la droga dile no!, porque destruye tu vida y hábitats de alta biodiversidad en nuestra Amazonía, aunque eso le valga un rábano al viceministro del Ambiente, gran experto para el boletín “NarcoNews”.


Fuente: EL COMERCIO

miércoles, 17 de agosto de 2011

SIN CONFIANZA NO HAY INVERSIÓN NI INCLUSIÓN

Miércoles 17 de Agosto del 2011

Desde diversos frentes empresariales, institucionales y académicos se viene enfatizando un aspecto gravitante para poder cumplir las metas trazadas por el nuevo gobierno en un difícil contexto externo: la necesidad de mantener la estabilidad y restablecer la confianza de los inversionistas para garantizar niveles de crecimiento económico, con lo cual pueda implementarse la inclusión social.

Aparte de las cámaras de comercio de todo el país, ayer se dio a conocer un comunicado del Banco de Crédito del Perú, que advierte, por ejemplo, sobre los riesgos de afectar la estabilidad y el clima de confianza con iniciativas riesgosas y ambiguos anuncios respecto de cambios constitucionales en el capítulo económico.

En el mismo sentido se ha pronunciado el destacado economista Élmer Cuba, quien, en entrevista con este Diario, ha explicado que hay “una actitud de espera entre los inversionistas”. Mencionar la Constitución de 1979 “ha generado miedo. Y que el presidente del Congreso diga que cambiará el artículo 60, más miedo aún”, ha alertado. Si se opta por crear empresas públicas, explica, no solo se fomentaría el desorden y el dispendio, sino que se podría desplazar a las empresas privadas.

No hay, pues, recetas mágicas. Ya sabemos, como pasó durante la dictadura militar, adónde lleva el estatismo populista y dispendioso, que espanta inversiones y cierra mercados, lo que inevitablemente termina en más pobreza y corrupción. Del otro lado, con los debidos ajustes, debe continuarse el modelo de economía social de mercado, como política de Estado con estabilidad política y jurídica, que ha hecho posible un crecimiento anual de 6% en los últimos lustros, que debemos cuidar como condición indispensable para crear empleo y reducir la pobreza.

El reto es consolidar lo avanzado. Según ha dicho ayer el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot,el 95% del comercio exterior del Perú está respaldado con tratados de libre comercio ya firmados o en procesos de negociación, que deben seguirse promoviendo. Paralelamente, existen proyectos por más de 40 mil millones de dólares a la espera de señales claras de confianza, que deben provenir del nuevo Gobierno.

En suma, este diagnóstico objetivo y preocupante de la realidad local y externa debe merecer una respuesta coherente y responsable en el plan de Gobierno que debe presentar ante el Congreso el jefe del Gabinete, Salomón Lerner Ghitis.

Fuente: EL COMERCIO

lunes, 15 de agosto de 2011

INSATISFACCIÓN

Por: Richard Webb Director Instituto del Perú, USMP
Lunes 15 de Agosto del 2011

En mi vuelo a Londres viaja también una joven oriunda de Puno. Estoy tratando de imaginarme el choque de cultura que le espera, hasta que recuerdo que en Londres también se vive una insurrección.

En ambos lugares, la violencia ha llegado a las calles, al incendio de automóviles, saqueo de tiendas y pedradas para los policías.

En ese sentido, la puneña se sentiría igualmente en casa en París, Madrid, Atenas, Lisboa o Roma, donde se presentan escenarios similares de disturbios y violencia.

Y si viaja a Chile, se encontraría con estudiantes protestando violentamente contra la mala calidad de la educación, a pesar de que Chile registra la mejor educación de América Latina.

Más graves, por supuesto, son las insurrecciones que viven los países árabes, donde la vasta riqueza petrolera, los generosos programas sociales y los altos sueldos han producido más insatisfacción y rebeldía que tranquilidad política.

El escenario mundial nos dice que la abundancia material no es sinónimo de la satisfacción y que las revoluciones políticas surgen no de la privación material, sino, al contrario, del progreso.

La pobreza es profundamente conservadora y abraza a las monarquías, y al orden de los ritos y los mitos.

En casi todos los países ahora existen encuestas que miden la felicidad, o la “satisfacción vivencial”, cuando se comparan ricos y pobres, y descubren que es poca o nula la relación entre riqueza y felicidad.

Por casualidad, uno de los expertos mundiales en el tema es una politóloga peruana, Carol Graham, quien acaba de publicar un cuarto libro sobre la materia.

Lo que Graham deja en claro es que si bien lo material a veces produce felicidad, muchas veces no lo hace.

En China, Chile y Corea del Sur, a pesar de su extraordinario éxito económico durante los últimos veinte años, las encuestas no registran ninguna mejora en su nivel de satisfacción personal.

Hace cincuenta años se publicó el estudio, “Carcas, la comunidad olvidada”. Ubicada en la Cordillera Blanca y escondida en una quebrada de tierra escasa e infértil, Carcas era conocida por su extrema pobreza y, paradójicamente, por su afición a las fiestas. Hoy, su situación es mejor, pero persiste en su pobreza y en sus fiestas costosas. Pero más allá de los valores humanos omitidos por la moderna y la burocrática contabilidad de las necesidades materiales, cabe recordar que la insatisfacción es inherentemente humana, es un motor del progreso y, en cierta forma, es la expresión máxima de la felicidad.

Fuente: EL COMERCIO

lunes, 1 de agosto de 2011

PISCO CON P DE PERÚ

Por: Carlos Urrunaga
26 JULIO 2010

Con la conquista llegaron los españoles, con los españoles la religión católica, con la religión católica la misa, con la misa el vino, con el vino la vid y con la vid el pisco. Pregunten dónde llegaron primero los españoles y sabrán de dónde procede el pisco.

La primera vez que probé pisco fue en la mesa del abuelito Germán, allá por los años ochenta. Era navidad. Y él, como hombre de costumbres imborrables, abría siempre una botella de vino que acompañaba a veces de un buen destilado de uva.

A todos se les servía en esa mesa, incluyendo a los nietos. Claro, en proporción al tamaño. Y como mi hermano y yo, en ese momento, éramos los únicos herederos, a él le caía una gota y a mi dos, pero las suficientes para sentirnos parte de la celebración.

El vino y el pisco eran de Pacarán, distrito de la provincia de Cañete, a 17 km de Lunahuaná, en pleno valle de los longevos, al sur de Lima. Los traía la abuelita Isabel. No guardo muchos recuerdos del vino pero, en cambio sí, del pisco. Y por supuesto de mis queridos abuelitos.

El pisco era de uvina y lo preparaba la tía Arsenia, hermana de mi abuelita. Arsenia era todo un personaje: alegre, llena de historias familiares, estaba dispuesta a contar siempre "la última" del tío Jorge, su esposo, que invariablemente se aparecía cuando el chisme lo consumía.

En Pacarán aprendí que el cariño hacia los lugares se da por el tiempo compartido con las personas que uno quiere. Allí fui inmensamente feliz. Por eso, hasta el día de hoy, cada vez que puedo, me doy una escapadita.

Cuanta razón tenía Saramago en decir que "las personas sólo mueren cuando se les olvida". Han pasado 26 años desde que el abuelo se fue y 5 años desde que la abuelita no regresa y no hay un solo día, uno solo, que no los recuerde con enorme cariño.

Y todo esto que podría parecer resultado de un buen pisco es solo para gritarle al mundo que, en el Perú, el destilado de uva forma parte de una vieja tradición familiar que supone celebración.

El pisco no tiene la formalidad del whisky ni la gala del brandy. Diría que es sport elegante porque tiene esa facilidad de amoldarse a toda estación y situación.

En verano, va en chilcano y en invierno, va puro. Pero lo que marca la diferencia es que nunca falta en celebración. El pisco sour es el trago de los triunfos.

¿Cómo se diferencian los piscos? Por el tipo de uva.

El pisco puro es el "pisco sin olor", obtenido de una sola variedad de uvas no aromáticas (quebranta, mollar, negra corriente o uvina). Es ideal para preparar pisco sour (la ausencia de olor hace que el bebedor no se sature y concentra el sabor en la boca).

El pisco aromático, obviamente, es el "pisco con olor", elaborado de uvas de la variedad "perfumada" (albilla, italia, moscatel y torontel). Es ideal para preparar chilcano de pisco (aromas a frutas en la nariz confirmadas en la boca).

El pisco mosto verde es el "pisco dulcetón", procedente de la destilación (evaporación) de mostos frescos (jugo obtenido de la uva mediante estrujado) antes de que todo el azúcar se haya transformado en alcohol, por eso es más caro, porque es necesaria una mayor cantidad de uva para llenar la misma botella.

El pisco acholado -el de mayor alcohol- es el "pisco todas las sangres", proveniente de la mezcla de diferentes variedades de uva. Es especial por el precio (menor) y porque combina el olor de los aromáticos con el sabor de los puros. En este caso, cada productor define qué mezcla y en qué proporciones, por eso puede dar muy gratas sorpresas.

En los aromáticos, el pisco italia es el que se consume más, mientras que en los no aromáticos, el pisco quebranta es el de mayor preferencia. En consecuencia, pisco sour con pisco quebranta y chilcano de pisco con pisco italia.

El mosto verde es un pisco comodín porque va bien con todo (ha nacido para la exportación) y el acholado es el pisco que, por el precio, debería popularizar, muy pronto, esta bebida (ojala que algún día esté en todas las bodegas y "chinos de la esquina" del país).

Por ahora, Perú produce 6.7 millones de litros (se ha multiplicado por cuatro desde el 2000) y exporta 1.3 millones de dólares (a Estados Unidos, Chile y Colombia, mayormente).

Hablamos entonces de un mercado interno, con 580 marcas, en donde se invierte, anualmente, entre 35 y 50 millones de dólares (asumiendo un costo por litro que varía entre 5 y 7 dólares).

Si sabemos que una botella contiene medio litro estamos hablando de 13.4 millones de botellas en un país de 29.5 millones de habitantes, es decir, media botella de pisco por persona por año.


Fuente: GESTIÓN