Por: Luis Davelouis Lengua
Viernes 22 de Julio del 2011
El déficit de infraestructura nacional alcanza los US$40.000 millones.
Por ello, la sugerencia del presidente electo Ollanta Humala para elevar el límite de inversión de las AFP en el extranjero (hoy ya en 50%) es un costo de oportunidad frente a las necesidades de infraestructura del país podrían parecer razonables a simple vista: las AFP tienen recursos que crecen a razón de US$3.000 millones al año y que deben invertir con horizontes de hasta 40 años y el país necesita infraestructura que tiene retornos con esos plazos. Sí, parece calzar.
A la fecha, como explica el gerente general adjunto de Profuturo, Pedro Grados, las AFP tienen invertidos alrededor del 11% de los fondos bajo su administración en infraestructura (ver gráfico) y esa proporción no es mayor porque, según el gerente de Inversiones de AFP Integra, Aldo Ferrini, “no hay un flujo de proyectos que calce con nuestras expectativas de retorno y riesgo”.
Es más, de los US$300 millones con lo que se formó el Fideicomiso para la Inversión en Infraestructura (en el que también participa el Estado), solo se han utilizado, según las AFP, US$180 millones en los proyectos de Taboada (US$150 millones) y Huascacocha (US$30 millones). El fondo se creó en el 2009 y aún le quedan US$120 millones esperando ser invertidos. Recuerde: US$40.000 millones de déficit.
Resulta entonces que lo declarado por Humala no es exacto en tanto que, hoy, el 30% de los fondos que administran las AFP está invertido en el extranjero, lo que significa que el 70% restante, es decir unos US$21.000 millones, está invertido en el Perú. Y sin embargo, el mencionado déficit de infraestructura no hace más que crecer todos los años.
CUELLO DE BOTELLA
Las AFP necesitan invertir en proyectos de inversión que tengan horizontes de rentabilidad sostenida, segura y de largo plazo y eso no abunda en el Perú, como se puede inferir de la manera en la que están asignadas sus inversiones: casi el 28% está en acciones en la bolsa local, que no es ni líquida ni profunda ni tiene retornos asegurables.
“Aun así, las AFP somos los mayores compradores de instrumentos de inversión en infraestructura en el Perú”, asegura Grados. ¿Entonces?
“El deber del Estado es crear los mecanismos para que las AFP inviertan en infraestructura, depende de políticas públicas”, explica el economista principal del Instituto Peruano de Economía (IPE), Pablo Secada.
Es verdad. El objetivo primordial de las AFP es conseguir las mayores pensiones posibles para sus afiliados buscando las más altas rentabilidades con el menor riesgo relativo.
“Invertir en una carretera es rentable, no es como una minera, es un servicio público, así que, en promedio, puede rentar hasta un 12% al año durante los 30 años de duración de los instrumentos”, agrega Secada.
Si el Estado obligara a las AFP a invertir en proyectos bajo criterios distintos a su mandato, el sistema todo se pervertiría y el objetivo primordial estaría en grave riesgo de no ser alcanzado. Lo hemos visto con el antiguo Seguro Social y la actual ONP, que debe ser subsidiada por el Estado y paga pensiones mucho menores que las AFP.
¿Cómo se consigue, entonces, un flujo constante de proyectos de inversión en infraestructura para que las AFP puedan invertir? La respuesta yace en los proyectos ya realizados. No hay que inventar la pólvora.
“Pueden ser asociaciones público-privadas. Por ejemplo, caminos carrozables para Huancayo, un proyecto por US$300 millones. Como los distritos involucrados no se van a poner de acuerdo nunca, se hace desde el Ministerio de Economía y Finanzas: se diseña el proyecto, lanzas una convocatoria para gestionar el proyecto y cuando lo tienes, llamas a un banco de inversión para estructurar los instrumentos de deuda y un buen y probo estudio de abogados para que no le saquen la vuelta al Estado. Luego, entre el inversionista privado, el regional, y las AFP invierten US$100 millones cada uno y, ¿tú crees que las AFP no van a querer?”, explicó Secada.
Pero hay más. Las AFP también pueden invertir en vehículos alternativos como fondos de inversión privada que también financian proyectos de salud y educación, a veces en paralelo con el Estado. Sin embargo, esas iniciativas suelen entramparse en el escritorio del supervisor, que debe dar el visto bueno a esos proyectos.
Si hay proyectos viables, rentables y seguros, habrá quien invierta en ellos. Capital, según sabemos por como se mueve el dólar en el mundo, hay. Aquí y afuera.
Fuente: EL COMERCIO
