Por: Hugo Guerra
Sábado 20 de Agosto del 2011
La repentina suspensión de la erradicación de los cultivos ilegales de coca debe evaluarse con muchísimo cuidado por su trascendencia política, económica y de seguridad.
No puede soslayarse que el anuncio fue desconcertante porque en su mensaje inaugural el presidente Humala había asegurado que la lucha contra el narcotráfico sería frontal. Además, fue muy imprecisa la declaración del ministro del Interior, Óscar Valdés, respecto a que “estamos coordinando cómo se van a reorientar los esfuerzos…”.
Pero, ¿es posible reducir sin erradicar? Veamos: Hasta la década de 1960 entre 12 mil y 16 mil hectáreas del territorio nacional se destinaban al cultivo de la coca. A inicios de los años 70, la extensión creció enormemente, coincidiendo con el inicio del ‘boom’ de la coca. Entre las décadas de 1980 y 1990 la tendencia se acentuó y, hacia el 2000, según la ONUDD, hubo en el Perú 43.400 hectáreas de coca cultivada.
Pese a los esfuerzos desplegados, el problema siguió incrementándose y el 2004 se registraron 50.300 hectáreas cocaleras. Desde entonces, apenas 1% de la cosecha es dedicada a usos industriales y médicos, 18% al uso tradicional y el resto a la fabricación de droga ilegal.
La velocidad del fenómeno es exponencial: solo entre 1999 y 2008 el cultivo de coca se incrementó en 45% pasando de 38.700 a 56.100 hectáreas. En el mismo período, la fabricación de cocaína subió en 72,6%, de 175 a 302 toneladas. Por otra parte, los cultivos cocaleros crecieron en el 2010 por quinto año consecutivo y superaron los de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Respecto a los insumos químicos, prácticamente no existen controles. Asimismo, se calcula que en el Perú 50 mil familias viven de los cultivos ilícitos, mientras que los narcotraficantes pagan por el kilo de hoja entre US$ 2,50 en el VRAE y US$3,50 en el Huallaga.
Por esto los organismos especializados califican al Perú como narcopaís, terrible etiqueta que se sustenta, también, en que por lo menos 13 regiones están involucradas en el fenómeno de la droga. Además, los cultivos de coca se distribuyen en 14 grandes cuencas y ocho subcuencas menores.
Por lo demás, un 70% de droga producida en el Perú sale de manera ilegal por vía marítima con destino a México, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, mientras las agrupaciones cocaleras peruanas se han vuelto más violentas y organizadas.
Frente a este drama, el Estado había optado hasta ahora por una política prohibicionista y represiva, pero con graves deficiencias como enviar las tropas al VRAE sin darles respaldo suficiente. Tampoco ha tenido éxito (salvo excepciones) para alentar cultivos alternativos y ha sido incapaz de cortar la siniestra alianza narcoterrorista. Asimismo, mientras hace una década se incautaba 75% de pasta básica y de cocaína el 25%, hoy en día los porcentajes se han invertido.
Las entidades oficiales a cargo de la lucha contra el narcotráfico, desde Devida y Ofecod hasta la Dirandro, exhiben resultados interesantes pero magros, como haber erradicado unas diez mil hectáreas el 2009, lo cual es insuficiente frente al enorme volumen del tráfico ilícito y el flujo dinerario que mueven los cárteles extranjeros, especialmente de origen mexicano.
La militarización de la lucha y la criminalización de los movimientos populares que se vinculan a cultivos que financian las mafias ha generado otros problemas graves: el fortalecimiento de la subversión, una corrupción enorme en los aparatos represivos y fuertes tensiones sociales. Todo lo cual puede afectar la gobernabilidad del país, como ocurre en algunos estados mexicanos. Por eso una importante corriente política latinoamericana está revisando las estrategias bajo la premisa que Mario Vargas Llosa resumió al decir: “No se declaran guerras que no se pueden ganar”.
Claramente, el gobierno humalista no parece dispuesto a seguir las políticas que el Estado Peruano alentó prácticamente desde 1921, cuando se promulgó la primera legislación especializada. Sin embargo, ¿sus técnicos sabrán qué hacer para frenar un problema que la cooperación internacional, sobre todo estadounidense, ha venido paliando?
En la campaña electoral el tema de la lucha contra el narcotráfico no fue bien abordado por ningún partido. Y hoy la decisión presidencial nos devuelve al plano de la incertidumbre. Por eso no puede saberse si la suspensión de la erradicación será buena o mala. Así, de momento apenas habría que repetir lo dicho por la embajadora estadounidense en Lima, Rose Likins: “Es natural que un nuevo Gobierno quiera revisar este tipo de programas […] esperamos una explicación”.
Fuente: EL COMERCIO
