Por: Jaime De Althaus Guarderas
Viernes 26 de Agosto del 2011
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, ha anunciado un conjunto muy ambicioso de metas sociales, obras y servicios, cuya realización supondrá una capacidad de gestión que hoy no existe y una tasa de crecimiento de la economía probablemente superior al 6% anual que se plantea.
En relación a lo primero, es interesante que haya planteado pasar el 100% del presupuesto a la metodología del presupuesto por resultados, aunque eso mismo supondría también una elevación considerable de la capacidad tecnocrática del Gobierno, que podría empezar a conseguirse con la subida del tope salarial a los altos funcionarios, lo que no fue mencionado en el mensaje. Pero la implantación de esa metodología sería, de por sí, un avance importante en la conquista de un Estado moderno y racional. También se anuncia un Estado móvil en las áreas rurales, una idea sugerente.
El ‘gravamen’ adicional de 3 mil millones por año que se aplicará a la minería convertirá a esta en algo más cara tributariamente que la chilena, pero al parecer los mineros se habrían comprometido a seguir adelante con sus proyectos, que sumarían –dijo el primer ministro– US$30 mil millones de inversión en el quinquenio. De ser así, no será difícil superar el 6% de crecimiento anual de la economía. Pero que esa inversión se concrete dependerá, además, de cómo se reglamente la Ley de Consulta Previa, que, tal como está, podría frenar la inversión.
Le resta energías al sistema, además, que el Estado se asocie para una línea aérea de bandera o que Petro-Perú incursione en una serie de actividades productivas y en la comercialización de GLP, y Electro-Perú participe en las hidroeléctricas y Enapu se relance, etc. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene si no es el de abrir puestos de trabajo para los amigos del Gobierno, con el riesgo de enorme ineficiencia y corrupción? ¿O darle más poder al gobernante para controlarlo todo? Nada de esto estaba en la hoja de ruta. Allí donde ingresan empresas del Estado se aleja la inversión privada –salvo la parasitaria–, temerosa de cambios en las reglas o de favoritismos para la empresa estatal. Fomentar la expansión estatista no es otra cosa que generar huecos negros en la economía.
De otro lado, ¿tiene sentido anunciar un plan de formalización del aparato productivo y al mismo tiempo dar una ley general del trabajo, que, como sabemos perfectamente, recoge la realidad de privilegio de las oligarquías laborales de la gran empresa y consolida la exclusión de los informales? Una ley que impediría, además, la flexibilidad necesaria para facilitar el logro de la importante meta de triplicar las exportaciones no tradicionales.
Como siempre, la ideología y los intereses creados socavando el progreso y la propia inclusión social.
Fuente: EL COMERCIO
