COMENTARIO DEL EDITOR
Por: Juan Paredes Castro
Viernes 25 de Noviembre del 2011
“Por un acto humanitario, nadie debe morir en la cárcel”. Esto es lo que dijo en campaña electoral el presidente Ollanta Humala, sin que sus palabras cambiaran desde entonces.
Palabras más, palabras menos, eso es lo que, ciento veinte días después, está ahora en juego.
Si ha de contemplarse el indulto como un acto humanitario, entonces tendrían que sobrar los criterios políticos, que desde dentro del gobierno y del Estado tratan de ser extraña y contradictoriamente predominantes en el tema.
Baste el ejemplo de la propuesta del legislador de Gana Perú, Javier Diez Canseco, de enviar al ex mandatario al manicomio Larco Herrera, para convencernos de que los criterios políticos están por encima de los humanitarios.
Y si ha de contemplarse el indulto como un acto político, no habría manera de justificarlo, venga de donde viniera la iniciativa. Peor todavía si fuera el producto de estrategias o maniobras fuera del rigor humanitario y que a la postre quedasen descubiertas.
El único indulto viable, en el caso Fujimori, es, pues, el humanitario, ahora último redivivo por un informe médico especializado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que respondería al interés gubernamental de evaluar una solución dentro del Estado de derecho.
Rueda la hipótesis de que Humala temería cargar con el peso de una repentina muerte de Fujimori en la cárcel a causa de que el Ministerio de Justicia no actuara oportuna y eficientemente.
De ahí que sorprende que sin que hasta ahora haya mediado petición familiar expresa, en términos formales, el gobierno y el Estado aparezcan de pronto detrás de los detalles del estado de salud del ex mandatario y en el afán de comprobar cuán crítico y riesgoso es, más allá de lo que pueden pensar fujimoristas y antifujimoristas.
Nos guste o no, lo toleremos o no, nos opongamos o no, lo cierto es que el indulto es una gracia presidencial que no tiene que dar tantos rodeos sino expresar el convencimiento del jefe del Estado que la ejerce con las pruebas a la mano de que las razones humanitarias están plenamente justificadas.
Bienvenido, pues, el debate sobre estas razones humanitarias. Ni más allá ni más acá. Una carcelería domiciliaria, como lo sugiere alguien, es otra cosa y daría pie a otro debate, muy distinto por cierto.
Fuente: EL COMERCIO
