EDITORIAL
Viernes 2 de Diciembre del 2011
Ante la intransigencia de los dirigentes radicales de Cajamarca y la irrupción de otros conflictos sociales, que amenazan convertirse en una escalada contra la paz social y el derecho de las mayorías ciudadanas a desplazarse, expresarse, trabajar e invertir, es necesario y urgente que el presidente Ollanta Humala salga al frente para garantizar el orden social, la viabilidad económica y la gobernabilidad democrática del país. En esta delicada coyuntura, su permanencia en el país resulta indispensable, por lo que es adecuada la cancelación del viaje a Venezuela para una cumbre presidida nada menos que por el autócrata Hugo Chávez.
El país demanda señales de autoridad, confianza y manejo sensato del Estado. Sobre todo cuando en Cajamarca, la población tiene que permanecer casi escondida en sus casas, desesperada por la inseguridad ante los ‘piquetes’ de protestantes y por la escasez y encarecimiento de alimentos y combustibles; y cuando en otros puntos del país se empieza a bloquear una vía principal alegando cualquier causa mayor o menor, sin reparar en que ello es un grave delito y que se atenta absurdamente contra el derecho constitucional al libre tránsito de los demás.
Esto es mucho más censurable cuando son las propias autoridades regionales y locales cajamarquinas (algunas de conocida trayectoria vinculada al MRTA y a Patria Roja) las que, además de rechazar el diálogo, organizan y dosifican los bloqueos. Es decir, el Estado contra el Estado. Según la Carta Política, art. 44, son deberes primordiales del Estado: “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general”; y no subvertir el orden y afectar los derechos ciudadanos.
El país no puede aceptar que algunos dirigentes radicales pretendan jaquearlo y ponerlo contra la pared, dando ultimátum y amenazando a quienes no piensan como ellos.
Así como entendemos la desazón de algunos pobladores contra algunas empresas mineras, por ciertos excesos o actitudes del pasado, que tienen que ser reparados y sancionados como corresponde, tenemos que subrayar que el Perú es un Estado unitario –y no federal–; que los recursos del subsuelo pertenecen a todos los peruanos; y que la política general del Estado, que oriente el expectante rumbo económico y social del país y trace objetivos de crecimiento con inclusión, debe ser definida por el Gobierno Central dentro del orden constitucional.
El presidente Ollanta Humala debe explicar a la nación no solo los pormenores, alcances y limitaciones de su política de “oro y agua”, sino también propiciar mecanismos de diálogo, dentro de lo que permita el ordenamiento constitucional y legal del Estado. La inacción no es aconsejable, mucho menos ante dirigentes radicales que confunden democracia con debilidad, y amenazan la estabilidad social y económica de un país.
Por ello, así como concordamos con la mayoría ciudadana que apoya las mesas de diálogo y la supervisión de los contratos mineros para garantizar las reservas de agua y el equilibrio ambiental, con el mismo énfasis demandamos al Gobierno que actúe con ponderación y firmeza, dialogando con interlocutores válidos y usando todas las armas de la ley, sin caer en provocaciones ni chantajes.
Fuente: EL COMERCIO
