Por: Hugo Guerra
Sábado 3 de Diciembre del 2011
La protesta en Cajamarca ya no es solo antiminera. Desde que el Comité Unitario de Lucha ha sustituido a la autoridad legítima, estamos frente a una experiencia sediciosa.
Como he señalado desde las redes sociales, apoyamos Conga porque la minería formal debe tener cabida y porque el estudio de impacto ambiental aprobado hace más de un año pasó por 341 talleres de información, 6 ministerios y 16 organismos del Estado, obteniendo 171 aprobaciones. Sin embargo, la repentina observación del Ministerio del Ambiente planteó dudas razonables y por eso saludamos la suspensión del proyecto.
Eso no es un ‘triunfo’ de Gregorio Santos (presidente regional salido de Patria Roja), Wilfredo Saavedra (emerretista condenado) y Marco Arana (candidato frustrado, cómplice de Oxfam a través de Grufides y denunciante ante la CIDH contra el Estado por la supuesta “criminalización de la protesta popular”). Lo que se impuso fue la voluntad pacífica del gobierno, pese a que la renuncia de un viceministro ligado a Arana revela traición interna.
Entre tanto, el paro indefinido pretextado en que Conga debe cancelarse se explica porque la toma de Cajamarca estaba largamente planificada. Abundante información abierta revela cómo los bolivarianos, el MRTA que opera desde Venezuela y sus socios de Patria Roja venían agitando en la universidad y el campo. Se han mostrado manuales de una ONG extranjera que enseñan las acciones de fuerza que deben tomar; se sabe que los cabecillas estuvieron revisando el accionar emerretista cuando a principios de la década del 80 organizó su Frente Nororiental; y el Ministerio del Interior ha denunciado que infiltrados chavistas y castristas asesoran la protesta, propugnando “la internacionalización del conflicto” con la llegada de brigadistas extranjeros. Adicionalmente, el plan sedicioso implicaba desatar una oleada antiminera mayor; de allí que el gobierno ha debido aceptar que no dará concesiones en Chincheros y Andahuaylas, aunque queda todavía otra bomba en Áncash.
Todo eso coincide con que el oficialismo les quitó a los ultras el control de la megacomisión investigadora del régimen aprista en el Congreso; y, con la presión para que se libere a criminales emerretistas.
El ‘frentismo’ cajamarquino ahora alude a tres posibles soluciones: represión, cancelación o una mediación internacional. El hierático presidente responde vía Facebook: “Vamos a hacer valer nuestros derechos sobre la minería porque yo voy a defender lo justo, que es darle a cada quien lo que le corresponde”.
Hay un cauto repliegue de la autoridad policial a espera de que las contradicciones se aceleren para que una intervención posterior tenga base en un sector disidente. Pero, a no ser una vergonzosa capitulación, se presagia la enérgica retoma del control, fruto de la cual podría reeditarse el desenlace de la Comuna de París en 1871, cuando murieron miles tras cinco meses de caótica administración socialista-anarquista. Podría abrirse, asimismo, un conflicto subversivo de tipo ‘frentista’, cuya eliminación le tomaría décadas al Perú democrático.
No debió permitirse que la situación se agrave, pero si Humala rompe finalmente con los extremistas traicioneros y apoya claramente el desarrollo nacional en alianza con empresarios formales bien supervisados, tiene la posibilidad de convocar a los partidos democráticos, la sociedad civil y la opinión pública para que lo apoyen con criterio de unidad nacional. Solo eso legitimaría el urgente estado de excepción en una región ahora sometida a la voluntad sediciosa.
Fuente: EL COMERCIO
