Los gobiernos de Europa están haciendo denodados esfuerzos por apuntalar a sus bancos, pero intentan minimizar el costo y ahorrarse el oprobio que provocaría una nueva serie de rescates financiados por los contribuyentes. El gobierno italiano, por ejemplo, está alentando a los bancos a comprar propiedades públicas que luego pueden usar como garantía para tomar dinero prestado.
Como parte de un amplio recorte de gastos, el gobierno portugués está en esencia, tomando dinero prestado de los fondos de pensiones y podría utilizar parte de esos recursos para ayudar a las empresas estatales a pagar créditos bancarios. Los gobiernos de Alemania y España también han recurrido a maniobras poco ortodoxas para apoyar a la banca.
Al 30 de septiembre, los cinco mayores bancos del país acumulaban unos 156.000 millones de euros (US$203.000 millones) de deuda del gobierno italiano y el desplome en los valores de tales bonos ha suscitado inquietudes acerca de la viabilidad de las instituciones. Los bancos, por ende, han tenido problemas para acceder a las fuentes tradicionales de financiamiento.
Una cláusula insertada en la ley de presupuesto del gobierno el mes pasado permite a los bancos usar sus bonos soberanos para comprar cuarteles militares, edificios de oficinas y otros bienes raíces que el Estado trata de vender. El gobierno luego alquilaría las propiedades a sus nuevos dueños y los bancos pueden incorporar las propiedades, que producen ingresos, en valores respaldados por activos, que posteriormente sirven como garantía de los préstamos del BCE.
En Alemania, a su vez, Commerzbank AG está en conversaciones con el Ministerio de Finanzas para transferir parte o la totalidad de su atribulada división de activos inmobiliarios, Eurohypo, a un “banco malo” de propiedad gubernamental. El banco y el gobierno negocian la mejor forma de estructurar el acuerdo de modo que no se considere un rescate, posiblemente protegiendo al gobierno contra pérdidas o pagándole una suma nominal, señalan fuentes cercanas.
Commerzbank, cuyo 25% está en manos del gobierno, recibió un rescate en 2009 pero necesita recaudar unos 5.300 millones de euros antes de mediados del año próximo para satisfacer las demandas de los reguladores europeos.
Fuente: EL COMERCIO
