EDITORIAL
Sábado 3 de Diciembre del 2011
Las encuestas locales y estudios internacionales confirman lo que es un secreto a voces: la grave lacra de la corrupción sigue incrustada en el aparato estatal y los indignados ciudadanos exigen de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial mayor voluntad y rigor para erradicar esta práctica delictiva e inmoral.
Según la última encuesta nacional urbana de El Comercio, realizada por Ipsos Apoyo S.A., la gran mayoría de ciudadanos (81%) pide que los congresistas acusados de corrupción sean destituidos y no solo suspendidos 120 días. Y, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) del 2011, elaborado por Transparencia Internacional, el Perú cayó del puesto 78 al 80 (de un total de 183 países) en la tabla que mide niveles de honestidad pública.
¿Qué está pasando? Hay que recordar al presidente Ollanta Humala que, durante la campaña y ya juramentado, reiteró la prioridad de la lucha anticorrupción para su gobierno. Sin embargo, lo que la población percibe es que no se está avanzando y, peor aun, que se estaría retrocediendo.
Las señales que se dan no son las mejores: no solo se excarcela a personajes de gobiernos pasados involucrados en serias denuncias –con grave responsabilidad fiscal y judicial–, sino que altos personajes del humalismo, como congresistas y el propio vicepresidente Omar Chehade, que en la campaña se presentaba como adalid de la lucha anticorrupción, son objeto de duros cargos pero no son sancionados oportuna y debidamente por el oficialismo parlamentario.
Nada más grave para la salud nacional que la sensación de impunidad, pues pervierte las relaciones entre el Estado y los particulares, causa enormes pérdidas al fisco (entre seis y ocho mil millones de soles al año, según la Contraloría General de la República) y daña el sistema democrático.
Aparte de retomar la reforma del Estado, los poderes públicos tienen que hacer un severo ejercicio de autocrítica y coordinar esfuerzos para lanzar una real y efectiva campaña nacional anticorrupción, que incluya planes, plazos, instrumentos legales y mecanismos de sanción efectivos.
Hay que predicar con el ejemplo, y esto vale tanto para políticos como para jueces, fiscales, congresistas y funcionarios públicos de todo nivel, que no pueden hacerse cómplices ni permitir la impunidad. Hay que llamar a las cosas por su nombre: la corrupción es robo, aprovechamiento del Estado y traición al pueblo, por lo que debe ser denunciada y castigada drásticamente.
Fuente: EL COMERCIO
